Hace pocos días, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha manifestado su preocupación por la baja inversión del Estado en material Infantil. Y es que, asegura, ha sido inadecuada para compensar el impacto negativo de la crisis económica y social que se viene viviendo desde que en 2008 llegara la crisis y se dispararan los casos de pobreza y de inequidad social en España.
Estas afirmaciones se recogen en las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y son el resultado de un examen que se realiza periódicamente a los Estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.
Para realizar estas observaciones, se tienen en cuenta el informe presentado por el Gobierno, su comparecencia ante el Comité (realizada el pasado 22 de enero) y también los informes presentados por la sociedad civil, como el Informe Complementario de la Plataforma de Infancia y el informe realizado por más de 3.000 niños y niñas de toda España “Poniendo nota a nuestros derechos” .
El Comité pone el acento sobre el impacto de los recortes de inversión pública en educación, salud, vivienda y protección social, que afectan particularmente a niños, niñas y adolescentes de familias con escasos recursos. Por ello, le pide al Gobierno a que lleve a cabo medidas para promover un análisis de las necesidades de inversión en infancia de todas las comunidades. El objetivo no es otro que redistribuir recursos para el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incrementando la inversión en educación y la provisión de servicios públicos.
Además, también recomienda la elaboración de presupuestos públicos destinados a infancia que incluyan indicadores específicos de monitoreo y evaluación así como la mejora de la transparencia. También insta a crear líneas de financiación específicas para niños y niñas en situación de pobreza o exclusión social que sean efectivas incluso en situación de crisis económica, desastres naturales u otras emergencias.
Por todo ello, el Comité también recoge la necesidad de llevar a cabo un análisis presupuestario consistente a nivel nacional y de las comunidades autónomas para la correcta identificación, seguimiento y protección de recursos para la infancia. E insta a que el Gobierno siga fortaleciendo los sistemas de coordinación entre la administración central y las Comunidades Autónomas en la implementación de políticas para la promoción y protección de los derechos de los niños.