En estos días, distintas organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia, como Save the Children y la Fundación Vicki Bernadet, junto al pianista James Rhodes, que sufrió abusos sexuales en su infancia, han llevado a cabo una iniciativa para pedir que se agilicen los trámites para impulsar la Ley de protección integral frente a la violencia contra la infancia, que anunciada hace apenas unas semanas el Gobierno.
En el último Consejo de Ministros se acordó la puesta en marcha del anteproyecto de Ley, que será enviado al Congreso de los Diputados en el segundo trimestre de 2019. Estas organizaciones piden que no se demore más y que se agilicen los trámites para la entrada a las Cortes durante el mes de enero de 2019.
Y es que, los datos son muy preocupantes, según recoge Save The Children, las denuncias por abusos sexuales a menores han crecido en los últimos años. Así, hemos pasado de registrar en 2016 4.056 a 4.211 denuncias en 2017 (datos del Anuario del Ministerio del Interior) no obstante, aseguran que la mayoría de los casos siguen permaneciendo ocultos. En este sentido, solo un 15% de los casos son denunciados y de los que entran en el sistema legal el 70% nunca llega a juicio oral.
Por su parte, Vicki Bernadet, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, denuncia que “ni la sociedad ni las instituciones asumen la realidad reflejada en estudios de abusos sexuales infantiles. Sin conciencia no hay alerta. Esta problemática, que afecta a uno de cada cinco niños y niñas, debería ser considerada una cuestión de Salud Pública y el Gobierno debe abordarlo como tal”.
Para James Rhodes se trataría de un paso muy importante que convertiría a España en el país número uno del mundo en la protección de los niños.
Medidas que proponen para la lucha contra los abusos sexuales
- Garantizar la educación afectivo sexual en la enseñanza reglada y desde edades tempranas.
- Incluir la formación sobre violencia y protección de la infancia en los currículum formativos de maestros, profesores y directores de centros educativos y dotar a todos los colegios de un protocolo de detección y gestión de casos de violencia contra la infancia.
- Crear una Fiscalía específica de violencia contra la infancia y juzgados de instrucción especializados en este tipo de violencia.
- Dar prioridad a la tramitación de los procedimientos de abusos a menores e incluir formación específica a todos los profesionales involucrados en el proceso, especialmente psicológica.
- Fortalecer y ampliar los recursos autonómicos de tratamiento y atención especializados y que sean públicos y gratuitos.
- Que los plazos de prescripción de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad se activen cuando la víctima cumpla 50 años.