Como comentábamos en la última publicación, España rindió cuentas por el grado de cumplimiento, protección y defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) ante el Comité de Naciones Unidas y suspendió.
El Comité reconocía el impacto que ha causado la crisis financiera en todos los ámbitos de nuestro país y nos hacía una serie de conclusiones y recomendaciones a los poderes públicos para aplicar con urgencia medidas que ayuden a garantizar el pleno ejercicio de estos derechos.
PREOCUPACIONES Y RECOMENDACIONES
ÁMBITO DEL TRABAJO
En materia del trabajo, el Comité DESC ha mostrado especial preocupación por los estereotipos de género que dificultan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Es por ello que recomienda al Estado que aumente los esfuerzos destinados a disminuirlos y promueva con celeridad la implementación del Plan Estratégico sobre igualdad de género 2018-2021.
BRECHA SALARIAL
Respecto a brecha salarial entre hombres y mujeres, al Comité le preocupa los obstáculos que tienen las mujeres para acceder a oportunidades de carreras en iguales condiciones que los hombres.
En este sentido, recomienda multiplicar los esfuerzos para combatir la segregación vertical y horizontal en el empleo, la efectiva aplicación del principio de igual salario por trabajo de igual valor y la obligación de mayor transparencia de salarios en las empresas.
DESEMPLEO
El Comité también ha puesto el foco sobre la alta tasa de desempleo que afecta mayoritariamente a jóvenes, mujeres, población gitana y migrantes, así como la elevada tasa de desempleo de larga duración.
Entre las medidas para combatirlo, recomienda que se realice una evaluación exhaustiva de la política de empleo, con la participación de los actores sociales, que permita combatir las causas profundas de desempleo.
Asimismo, incide en el hecho de que se cuente con los recursos humanos, técnicos y materiales suficientes para implementar la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020 y seguir promoviendo la formación y la capacitación profesional de acuerdo a las necesidades del mercado. Por ello, es imprescindible incrementar sustancialmente la formación dirigida a personas en desempleo, que ha sufrido un retroceso importante en inversión y cobertura.
CONDICIONES DE TRABAJO
En cuanto a condiciones de trabajo, el Comité pone el foco sobre la precariedad laboral, especialmente la contratación temporal que afecta fundamentalmente a las mujeres y los efectos de esta precariedad, junto a la congelación de los salarios, sobre el derecho a unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias y el acceso a los beneficios de la Seguridad Social, que de nuevo tiene especial incidencia sobre las mujeres.
Por todo ello, recomienda que se tomen las medidas necesarias para prevenir el abuso de la contratación precaria, especialmente temporal, que las personas con contrato a tiempo parcial y otras formas precarias de trabajo gocen del derecho a condiciones de trabajo equitativas y a la Seguridad Social y se refuerce la inspección laboral para supervisar las condiciones de trabajo.
DERECHOS SINDICALES
La limitación del ejercicio del derecho a la negociación colectiva que introdujo la reforma laboral de 2012 así como la aplicación excesiva del artículo 315.3 del Código Penal que persigue penalmente a trabajadores que han participado en huelgas, centra la preocupación del Comité DESC respecto a derechos sindicales. Recomienda que el Estado garantice la efectividad de la Negociación Colectiva y del derecho de representación sindical y que se revise y posiblemente derogue el artículo 315.3 del Código Penal.
SEGURIDAD SOCIAL
En cuanto a Seguridad Social, el Comité centra su preocupación en el déficit del sistema de pensiones y en la baja tasa de cobertura de las prestaciones no contributivas y el hecho de que la cuantía de prestaciones, tanto contributivas como no contributivas, sea insuficiente para garantizar un nivel de vida digno a los beneficiarios.
Las medidas para combatirlo pasan por la participación de todos los actores, en particular de los sindicatos, par adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, que garantice la cobertura de todas las personas por parte del sistema y se restablezca el vínculo entre prestaciones y costo de la vida.
DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA
En este sentido, preocupa las medidas de austeridad del Gobierno que han perjudicado el disfrute del derecho a una vivienda adecuada, particularmente de personas y grupos más desfavorecidos y marginados. Pone el foco sobre el número insuficiente de vivienda social; la creciente falta de asequibilidad de la vivienda, particularmente dentro del mercado privado debido a los precios excesivos; y la falta de protección adecuada de la seguridad de la tenencia.
Asimismo, le preocupa el número significativo de hogares que no cuenta con vivienda en condiciones adecuadas y el alto número de personas sin hogar. Por ello, propone aumentar los recursos para hacer frente al déficit de vivienda social, especialmente para las personas y grupos más desfavorecidos y marginados, como las personas y hogares de bajos ingresos, los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad. Además de facilitar la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de una vivienda adecuada para las personas de bajos ingresos, entre otras.
DERECHO A LA SALUD
El Comité también ha hecho hincapié en el efecto regresivo en cuanto al disfrute del derecho a la salud que ha tenido el Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril de 2012 sobre medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, donde se limita el acceso a servicios de salud a los migrantes en situación irregular y ha implicado una degradación en la calidad de los servicios de salud e incrementado las disparidades entre las Comunidades Autónomas.
Por ello, pide al Estado que lleve a cabo una evaluación exhaustiva sobre el impacto que ha tenido la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012 en el disfrute del derecho del más alto nivel posible de salud, con el objetivo de llevar a cabo los reajustes necesarios para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios y atención de salud.