En pocos días va a tener lugar el debate y la votación de las enmiendas al proyecto de Presupuesto Generales del Estado 2017 y desde Fundación Gota de Leche creemos que estos presupuestos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas en España.
Así, problemas como la pobreza infantil o la calidad de la educación pública, entre otros muchos, no se van a poder abordar de una manera determinante y satisfactoria en estos presupuestos. Y es que, en los últimos seis años, la reducción acumulada en protección social dedicada a familias y niños por las administraciones se ha reducido en 11.544 millones de euros.
De los 1.000 millones que se planteaban en el pacto de Investidura del Partido Popular y Ciudadanos y que fue aprobado el pasado 28 de agosto como compromiso para la investidura, en el borrador presupuestario se hace mención a 342 millones de euros de dotación para reducir la pobreza infantil.
En esta cuantía hay dos conceptos o partidas: la de “Apoyo a la familia e infancia” y la de “Programas de servicios sociales” que se incrementa en 24,59 millones de euros frente a 2016 y a la que se suman las partidas ya existentes en 2016 del Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados para la atención a las familias con menores refugiados por 140 millones y el Programa FEAD Fondo de Ayuda Europea para los más Necesitados que contará con 102 millones de euros en 2017.
En este sentido, el incremento real de las partidas destinadas a paliar la pobreza infantil no supera los 25 millones de euros con respecto a 2016. Y esto, en una España en la que el 29,1% la población de niños, niñas y adolescentes están en situación de especial vulnerabilidad y riesgo, lo que los convierte en el colectivo más afectado por la crisis económica y financiera.
Por ello, estos presupuestos no pueden mejorar la situación de estas familias porque no contemplan adecuadamente la realidad social ni han tenido en cuenta a la infancia. Desde nuestra organización creemos fundamental que se incremente la inversión en la protección social a la infancia en estos presupuestos y que España llegue a la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 2,3% del PIB. Actualmente, España destina en infancia solo el 1,3% del PIB.