El Consejo de Gobierno acaba de aprobar el “I Plan Andaluz de Atención Integral a Personas Menores de 6 años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla”, dotando esta partida con 800 millones de euros para el periodo 2017-2020. De este modo, Andalucía es la primera comunidad autónoma que pone en marcha una estrategia en esta materia, de acuerdo con lo previsto en la Ley estatal de Atención a la Dependencia.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha indicado una de las novedades, como es el incremento de edad de los 3 hasta los 6 años, con el objetivo de promover la autonomía personal y facilitar la inclusión familiar, escolar y social.
Según los datos de los Centros de Valoración y Orientación de personas con discapacidad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, en Andalucía hay 4.168 menores de 6 años (2.668 niños y 1.500 niñas) que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% (49% psíquica, 26,7% mixta, 17,8% física y 6,5% sensorial, a marzo de 2017). De ellos, 2.054 están acogidos al sistema de dependencia.
Este plan se sustenta sobre 9 líneas de actuación, 19 objetivos específicos y 104 acciones dirigidas a los menores en situación de dependencia o discapacidad, a los usuarios de los centros de atención infantil temprana y a los que presentan necesidades educativas especiales. También se recogen intervenciones específicas para mujeres embarazadas, asociaciones, personas cuidadoras y profesionales de la salud, la educación y los servicios sociales.
Además, el plan incluye medidas de prevención entre las que destacan el acceso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación, y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva para evitar embarazos no deseados.
Por otro lado, también se implantará tanto el proceso asistencial integrado de la persona recién nacida para la identificación de factores de riesgo neurosensorial, biológico, psicológico y sociofamiliar, como protocolos para la promoción de entornos familiares estables. De esta manera, en caso de que se detecte un trastorno en el desarrollo de los menores, se asegura una intervención temprana que posibilite su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal.
Con este plan, se quiere priorizar a esta población en la valoración de las situaciones de discapacidad y dependencia y en la intervención y atención en los casos que lo requieran. Igualmente, se garantiza la adaptación del funcionamiento de los Centros de Atención infantil Temprana para que sus horarios sean compatibles con los escolares y laborales de la familia, así como la atención educativa domiciliaria al alumnado que por motivos de salud no pueda asistir a la escuela.
En cuanto a las prestaciones y servicios, se mejorará la atención de las necesidades de ayuda a domicilio y, en su caso, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar cuando exista dependencia reconocida. Asimismo, se fijan programas de respiro familiar y actuaciones que contribuyan a prevenir la sobrecarga y el desgaste psicológico, físico y emocional de las personas cuidadoras.
Según la consejera, la elaboración del plan ha contado con la participación de más de 50 profesionales y personas expertas de entidades como el Comité Andaluz de Representantes de Personas con Discapacidad; la Asociación Interprofesional de Atención Temprana de Andalucía, o el Observatorio de la Infancia. Para facilitar la coordinación, está prevista la elaboración de protocolos sencillos y eficaces entre los sistemas sanitario, social y educativo.
En esta partida presupuestaría participan la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, así como las de Educación, Salud, y Fomento y Vivienda.