España ha vuelto a rendir cuentas por el grado de cumplimiento, protección y defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) entre los años 2012 a 2016 ante el Comité de Naciones Unidas.
Se trata del sexto informe periódico de España, que tuvo lugar entre los días 21 y 22 de marzo 2018, y al que acudieron el gobierno español y las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas a la Plataforma DESC, que presentaron un informe apoyado por más de 150 entidades.
Los resultados del informe no han sido nada buenos. Tras una semana de estudio, el 29 de marzo se daba a publicar una serie de conclusiones y recomendaciones a los poderes públicos para aplicar con urgencia medidas que ayuden a garantizar el pleno ejercicio de estos derechos.
LA INFANCIA, UNO DE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES
En este informe, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas (Comité DESC) reconoce “el impacto profundo que ha tenido la crisis financiera internacional en la economía y en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales, y culturales (DESC) en el Estado español”.
Asimismo, el Comité DESC se muestra muy preocupado por la agresiva reducción del gasto público en el ámbito social y “la prolongación de la aplicación de algunas medidas de austeridad” que menoscaban todos los derechos del Pacto y “desproporcionadamente a los grupos y personas más desfavorecidos y marginados”, sobre todo, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del país.
En este sentido, el Comité DESC hace especial hincapié en los grupos más vulnerables y afectados por esta drástica reducción en el gasto público, como son las mujeres, los niños, las personas con discapacidad,los gitanos o los refugiados.
Y es que, el índice de la población que se encuentra en riesgo de caer en la pobreza y exclusión social es cada vez más alto, afecta especialmente a las personas más vulnerables, como es la infancia.
También, el Comité pone de relevancia los distintos niveles de desigualdad en las diferentes Comunidades Autónomas, donde la niñez se encuentre más en riesgo de caer en la pobreza.
Otro aspecto que preocupa y mucho, son los altos índices de abandono escolar temprano, que sigue “siendo el segundo más alto de la Unión Europea y afecta de manera desproporcionada a estudiantes pertenecientes a estos grupos”.
Por todo ello, el Comité recomienda al Estado que agilice la elaboración y adopción de la estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social (2018- 7 2020), asegurando que esté enfocada en las personas y grupos más afectados, tal como la población infantil y que sea implementada con un enfoque de derechos humanos.
Desde la Fundación Gota de Leche, estamos muy concienciados con los problemas de la infancia, en especial con aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión social. Por ello, nos sumamos a la iniciativa de la Plataforma DESC, que ha pedido a los grupos del Congreso de los Diputados, la constitución de un intergrupo parlamentario que haga el seguimiento e implemente las medidas.
Debemos concienciar a la ciudadanía del problema de la pobreza y exclusión social en la infancia, e instar a los poderes públicos a que adopten las medidas necesarias y las pongan en marcha lo antes posible, en un país donde uno de cada tres niños sigue en riesgo de pobreza y/o exclusión social, con una tasa del 31,70% en menores de 16 años y del 37,60%. en jóvenes de entre 16 y 29 años.